martes, 6 de abril de 2010

PICA PICA


Por Etienne Baigorri

La actividad minera destruye. Con más o menos cuidados, destruye. Se lleva vidas, riqueza cultural y recursos naturales, que la pachamama ya se encargó de demostrar que a pesar de la soberbia humana son finitos. Como en todo conflicto sobran las paradojas en torno a esta industria, por un lado gobiernos vende patria y por el otro, millonarios holdings de empresas dispuestas a invertir en Argentina para explotar las minas, acabar con el agua, dejar pueblos fantasmas y llevarse todas las ganancias.

Históricamente los países Latinoamericanos hemos sido el mayor foco de explotación minera para los colonizadores europeos y británicos. A casi doscientos años de la Independencia seguimos estando a su merced, inmiscuidos esta vez en un neocolonialismo que sigue dando tanto a cambio de nada. El total de las ganancias de la actividad minera es para las empresas, un pequeño porcentaje de regalías para las provincias, y una destrucción al ecosistema que pagará el país en cuotas durante más de cien años.

En la primera Junta de 1811 ya se hablaba de la explotación minera y fue allí donde se pusieron los primeros lineamientos para la actividad que no tenía demasiados cuidados ambientales ni sociales. Julio Argentino Roca en el año 1886 estableció el primer Código Minero, en el que la ley 1919 con un poco más de astucia intentaba poner límites a la explotación y dejar en claro los derechos de cada actor involucrado (empresas extranjeras, estado y pueblo), pero el mayor foco fue puesto en una característica no repensada hasta el momento, la gran cantidad de trabajo esclavo que fomentaba esta actividad. Varios aciertos y desaciertos en materia minera pasaron por nuestros ríos, caminos y montañas hasta que Perón decidió nacionalizar la industria a través del decreto 40, plasmado en la Constitución de 1949: “Los minerales extraídos en territorio nacional son propiedad imprescriptible del Estado Argentino”. Además, dio origen a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que explota las minas de uranio del país, siendo la Mica, el Plomo y, claramente, el oro las explotaciones mineras más significativas. 


Pero nuestra historia se repite y lo que un gobierno escribe con la mano, el siguiente lo borra con el codo. En mayo del año 1956 Eugenio Aramburu derogó el decreto del General. En 1980 bajo el lema “el fin justifica los medios” llegó una ley minera de fomento para establecer normas sobre el derecho de propiedad y de explotación, y las regalías que recibiría cada provincia. Para solucionar otras de las grandes consecuencias que trae la explotación se creó la Policía Minera, con el objetivo (nunca cumplido) de controlar que las empresas extranjeras no retornen a su casa matriz cuando ya no tienen que llevarse. El interés por esta retención es claro, las compañías vuelven a su lugar de origen y dejan como legado pueblos sin trabajo, sin transporte, sin comunicación, sin agua potable, sin riqueza natural. Eso sí, a estas localidades les sobran habitantes con afecciones cutáneas y pulmonares por la contaminación minera. Las minas abandonas de Marayes, a 150 kilómetros de la capital sanjuanina, La Rinconada en la misma provincia, La Alumbrera en Catamarca, Los Adobes en Chubut y Los colorados en La rioja, son solo algunas de las más de setenta instalaciones en el país en las que se pueden ver estas características como hilo conductor. 


Hay que saltear varios años de sabotaje minero para llegar a los noventa, con el menemato a la cabeza del país y la ideología neoliberal como brújula política. Las leyes mineras más polémicas empezaron en 1993, creadas por el tridente cipayista Carlos Menem – Domingo Cavallo – José Luis Gioja, en este último vale la pena detenerse un poco más: es el actual gobernador de San Juan y Presidente de la Comisión de Minería del Senado de la Nación por aquellos años. Además, de histórico defensor de la minería sanjuanina es agente de la compañía minera canadiense Barrick Gold, que explota Veladero desde 2005 (y hasta el 2025) y está trabajando en el proyecto multinacional más grande de Latinoamérica: Pascua Lama. Este ambicioso plan aprobado por Chile y Argentina, es el más grande en ambos territorios y ocupa uno de los primeros puestos a nivel mundial. La extracción de plata y oro a cielo abierto comenzó en junio de 2009 (y por 23 años más), y la contaminación superará a la de cinco plantas papeleras juntas.

La ley noventista más llamativa fue la de Inversiones Mineras (Nº 24.196/93), que avaló el marco legal de las demás, y es una muestra real de la predominante tendencia antinacional. Estas legislaciones proponen que los yacimientos mineros no puedan ser explotados por el Estado Nacional o sus dependencias en las provincias o municipios. Como si estos ya fuesen pocos puntos a favor de la extranjerización de la actividad, las empresas mineras no tienen retención a la exportación ni la obligación de liquidar divisas, es decir que sus ganancias no ingresan al país sino que se gira directamente a su casa matriz. Además, no pagan tasa a la importación, ni el impuesto al combustible, el mismo que todos pagamos cada vez que consumimos nafta. Para su tranquilidad, al mismo tiempo, la ley las ampara con una estabilidad fiscal a treinta años, y las deja afuera de crisis económicas internas.

En el año 2003, con las urnas como testigo, dimos inicio a la era K. Este gobierno demostró en muchos casos un quiebre con las políticas instauradas desde la dictadura hasta los noventa, pero no pecan de inocentes al dejar vigentes las leyes mineras de Gioja y el tratado de Complementación Minera Argentino-Chileno, implementado desde diciembre de 1997, que instaura la asociación de ambos países para disminuir presupuestos y aprovechar mejor la infraestructura, además de facilitar una salida directa al Océano Pacífico, obviamente para ahorrar el costo y el tiempo que implicaría el traslado a los puertos del Atlántico.


Aprovechando las ventajas políticas y económicas del Tratado la empresa norteamericana FMC Lithium Corp se instaló en el salar del Hombre Muerto, uno de los yacimientos más grandes de litio, ubicado en Antofagasta de la Sierra, en la puna catamarqueña.

El amparo estatal para la explotación minera sigue en pie durante la presidencia de Cristina Fernandez, quien en el año 2008 vetó la Ley de Glaciares, por medio del decreto 1837/08 y deja a las masas de hielo de todo el territorio (y a sus recursos de agua dulce, oro, cobre y demás) sin un marco jurídico que las preserve, y a la espera de que los imperios multinacionales las vacíen.

Como consecuencia de todas estas decisiones políticas, ya casi no hay montañas ni ríos, desde Jujuy hasta Santa Cruz, sin saltear a la hipermineria sanjuanina, que queden a salvo de las multinacionales con provenientes de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón ansiosas por desabastecer más de cinco mil kilómetros de cordillera argentina, ya ocupada por más de setenta minas en explotación, y según los contratos firmados, por lo menos por veinte años más.
 

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