martes, 29 de junio de 2010

HUMANOS SIN DERECHOS


Por Eti

Cárceles. Rejas que dividen el mundo de los “buenos” del de los “malos”. Esta creación cultural que se apoya en los pedidos de mano dura, no hacen más que apilar personas en la prisión. Es el discurso vacío de la defensa social, que esconde los problemas de un país bajo la alfombra del sistema penal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se sumó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al Comité del Derechos de Niño, para convertirse en el tercer organismo internacional de protección de los Derechos Humanos que recientemente puso en jaque al Estado argentino por las malas condiciones de detención a lo largo y ancho del territorio nacional.

El panorama es mucho más complejo de lo que se muestra. En nuestro país, uno de los mejor parados en política carcelaria a nivel regional (todavía falta mucho para que esto sea un mérito), el sistema acumula entre un 75 y 80 por ciento de población sin condena firme. Es decir que tienen prisión preventiva con condenas de primera instancia que aún no han sido confirmadas por la Justicia, y que en el mejor de los casos podrían quedar en libertad por falta de mérito o, paradójicamente, volver a las calles por haber cumplido la condena al momento en que llegue la sentencia definitiva.

Esta superpoblación privada de su libertad, según un informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), aumenta considerablemente año a año y canaliza su auge en peores condiciones edilicias, higiénicas, sanitarias y torturas físicas. Otro impacto directo es el colapso de las cárceles en varias provincias, y la posterior decisión de sus respectivos gobiernos locales de usar las instalaciones policiales como lugares de detención “suplentes”. 


“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos (...) hará responsable al juez que lo autorice”. El artículo 18 de la Constitución argentina mantiene su texto sin modificaciones desde 1853. Casualmente también sin modificaciones el artículo es violado en todas las cárceles del país.

Una constante en las cárceles argentinas es que la mayoría de sus clientes (como los define el Juez Eugenio Zaffaroni) pertenecen a los sectores más pobres y excluidos de la sociedad. Son las presas fáciles de atrapar que caen por delitos menores, que a veces ni llegan a cometerse. El sistema opera sistemáticamente sobre ellos, y se crea un circulo que se retroalimente entre la cárceles y las villas. Un camino de doble vía. Tanto en una punta como en la otra las situaciones de vida empiezan a mezclarse. Los pabellones tienen niveles de precariedad aún bastante más por debajo que las villas mismas, pero el folclore es el mismo.

Bajo esas circunstancias de privación de condiciones materiales básicas la violencia en la cárcel ya no nos resultaría tan sospechosa, o al menos la comprenderíamos sacándonos varios prejuicios de encima. Muchas veces los presos organizan motines, porque la única forma de que sus débiles voces sean escuchadas es que suenen como una sola. Ese llamado despierta la furia de los guardia-cárceles y empiezan las torturas, y a veces hasta asesinatos, que luego serán denunciados como suicidios. Y ahí los códigos son los mismos que en la calle, el que habla sabe que lo que le espera puede ser peor.

Otra cara de la dualidad cárcel – villa es la propia construcción social de la identidad a partir de la relación de clases bajas con clases peligrosas. Estas edificaciones de sentido calan hondo y estigmatizan asociando directamente a los delincuentes con las zonas pobres. Estas generalizaciones funcionan como herramientas de control social a partir de la producción del significado, y demuestran que por el momento las cárceles no van a desaparecer porque son necesarias para la coerción.

Así es como una sociedad sin cárceles se ve tan lejana como una sin clases. Para no caer en pesimismos, el Juez Eugenio Zaffaroni propone “un país en el que haya instancias intermedias, en el que se busque fortalecer igualmente una ideología de la cárcel fundada en los Derechos Humanos, una cárcel donde se imponga un trato humano, lo menos deteriorante posible y que ofrezca la posibilidad de reducir los niveles de vulnerabilidad de sus clientes”. 


Las prisiones fueron pensadas como ámbitos para educar, recuperar, resocializar y reinsertar a los procesados en la vida social. El efecto que producen es el contrario: marginan, pues el paso por allí deja una marca en el prontuario de los individuos que los aleja del mercado laboral regulado legalmente. Además controlan severa e implícitamente a la sociedad en su conjunto, instaurando un gran ojo panóptico al que nadie puede escapar. La clave del poder de la institución carcelaria está en la posibilidad que tiene el Estado de controlar los delitos y a quienes los cometen, y a la vez controlar y generar en el resto de la población un estado de sumisión y obediencia, rodeado de temor a las consecuencias si llegarán a desviar sus conductas. Sintéticamente, e intentando reinterpretar una pequeña parte de la teoría de Michel Foucault, damos entonces con la función simbólica que envuelven el castigo y la pena tal como los conocemos hoy.

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