martes, 6 de julio de 2010

GOLPE A HONDURAS


 Por Etienne Baigorri

Cuando creíamos que Latinoamérica ya era una región de pueblos libres, donde nadie más asaltaría el poder sin voto popular de por medio, la coalición Ejército militar – Oligarquía, esta vez en la República de Honduras, vuelve a hacer ojos ciegos a la Constitución y coquetea con el Imperio yanqui. Sumergidos en un gobierno de facto durante un año los hondureños piden la refundación de la Patria, la única forma de volver a la legalidad después de un Golpe de Estado.

Preámbulos de la Dictadura
Manuel “Mel” Zelaya Rosales, liberal de centro derecha en un primer momento de su mandato, ocupó la presidencia desde el 27 de enero de 2006 hasta el 28 de junio del 2009. Apoyado por las clases más altas y moderadas de Honduras para llegar al poder, continuaba la línea conservadora de la política hondureña, refugio en Centroamérica del Consenso de Washington y de la ortodoxia neoliberal.

Honduras se encuentra entre los países con menos ingresos de América Latina. Su población es de 7.8 millones de habitantes, de los cuales 130 mil viven en condiciones de extrema pobreza, según las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de fines de 2009. Sin duda este fue uno de los principales problemas que se le presentó al gobierno de Zelaya, el cual no iba a poder afrontar con políticas excluyentes.

Bajo estas circunstancias el Presidente hondureño vio la única posibilidad de cambio en una asociación Latinoamericana, dándole lugar al Socialismo del siglo XXI. Fue así como introdujo a su país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Esta plataforma creada por el presidente venezolano Hugo Chávez y el cubano Fidel Castro, es una alternativa de integración regional al tratado de libre comercio impulsado por Washington. Gracias al Alba Honduras conseguía petróleo más barato, que podía pagar a 25 años con solo el uno por ciento de interés, a cambio de emprender programas sociales.

Sería este viraje a la izquierda el que luego le costaría a Zelaya su cargo. El camino emprendido por el oligarca más odiado por los oligarcas ya no tenía vuelta atrás. Con el fin de seguir el mismo esquema aplicado por la mayoría de sus aliados del Alba, “Mel” llamaría a una consulta popular para conocer si los hondureños se manifestaban a favor o en contra de colocar una “cuarta urna” en las próximas elecciones para votar un referéndum y cambiar la Constitución, por medio de una Asamblea Constituyente.


A pesar de que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior electoral habían sacado, curiosamente, cinco días antes una ley para prohibir la consulta, el 27 de junio el presidente hondureño ordenó al Ejército distribuir boletas de votación. Con las Fuerzas Armadas ya en contra el jefe del ejército, Romeo Vásquez Velasquéz, se negó a obedecer y Zelaya lo destituyó de su cargo. Automáticamente, tanto el jefe de la Armada como de la Fuerza Aérea presentaron sus renuncias.

El plan para dar el Golpe de Estado ya tomaba más fuerza. Al menos así lo presintió Chávez, a pesar de que su corazonada no tuvo demasiada repercusión. No es casual que tres gobiernos con claros perfiles socialistas cada vez menos dependientes de las potencias centrales hayan pasado por momentos similares: el Presidente venezolano en el año 2002, y Evo Morales en el 2008.

Honduras Golpeada
En la madrugada del 28 de junio del 2009, Zelaya fue sorprendido en su residencia por un grupo uniformado con capuchas que afirmó recibir órdenes del Alto Mando de la Fuerza Armada. Sin tiempo y en piyamas fue expulsado violentamente de su Patria hacia Costa Rica.

El Congreso ordenó la destitución del Presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el Golpe de Estado. Fue nada menos que este Tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país de Zelaya, guardando bajo su cuidado, como hasta ahora, la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas.

Según el artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

Como los golpistas podían hacer desaparecer un Presidente, pero no una Constitución, debían encontrar otra forma para legitimar su gobierno de facto. Rápidamente se las ingeniaron para falsificar una carta de renuncia de Zelaya donde se asegura que deja el puesto para que otros puedan reestablecer el orden político, ya que sus problemas de salud no lo dejarían abocarse íntegramente a las funciones que le designo la soberanía popular. Con esta ficticia excusa el Congreso votó su destitución y el nombramiento del presidente del Congreso unicameral, Roberto Micheletti, como mandatario provisional.


Simultáneamente, se forma el “Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe”. Un partido multiclasista, integrado por diferentes organizaciones populares y sindicales para luchar pacíficamente contra el gobierno ilegítimo y la restitución de Zelaya.

Ninguna organización internacional, ni el resto de los gobiernos (latinoamericanos o estadounidense) reconocían al nuevo mandatario. Al unísono se pedía la vuelta a la democracia y del presidente constitucional. Mientras tanto se congelaban las negociaciones económicas hasta volver a la legalidad.

Como mediador designado entre “golpistas” y “constitucionalistas”, el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, presentó siete ofrecimientos descriptos en el Acuerdo de San José para terminar con la crisis de representatividad. Tras reuniones entre la delegación de Zelaya y la de Micheletti se logró cumplir el 75 por ciento del Tratado, el quince restante reparaba en la restitución de Zelaya, y el gobierno militar no iba a ceder en eso. El pacto se rompió.

El 21 de septiembre Zelaya decide volver de incógnita a su país para negociar. “Mel” ingresó clandestinamente a Tegucigalpa con una estrategia que no genere violencia. Cerca del mediodía, Zelaya confirmó a Telesur (señal televisiva opositora al golpe, varias veces censurada) que se encontraba refugiado en la Embajada de Brasil y llamó a sus seguidores a congregarse pacíficamente en los alrededores de lugar. “Tenemos que organizarnos porque hoy restituiremos la Patria”, sintetizó. Al mismo tiempo pidió a las Fuerzas Armadas no reprimir a los hondureños que se estaban movilizando en las calles.

Obviamente su pedido no tuvo éxito, y sin dejar pasar el tiempo la Embajada ya se encontraba rodeada. El gobierno declaró estado de sitio, cerró los aeropuertos y acorraló a Zelaya como rehén en la Delegación brasileña. La salida implicaría su arresto inmediato.


Así fue como Zelaya permaneció cuatro meses sin poder abandonar del lugar, hasta que un engañoso amparo estatal le dejaba libre el camino para exiliarse en República Dominicana, donde aguarda desde el mes de febrero.

En noviembre las elecciones seguían en pie, con el único fin de legalizar la dictadura. El Frente Nacional de la Resistencia con el apoyo de organizaciones universitarias y civiles invitaba al pueblo hondureño a no presentarse en unos comicios sin legitimidad, credibilidad y transparencia, festejados bajo un gobierno militar.

Porfirio Lobo Sosa ganó las votaciones y asumió el puesto en enero de este año. Terrateniente y empresario, miembro del Partido Nacional, del cual fue tres veces diputado, y sobre todo un dirigente que apoyo el Golpe de Estado, no representa más que la necesidad de disfrazar de civil un gobierno militar.

Parece que la legitimidad que buscaban llegó de la mano de estas oscuras elecciones. Los gobiernos de Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y Perú reconocieron al mandatario electo. El Secretario de la Organización de los estados Americanos (OEA) declaró que “no desconoce ni valida las elecciones, pero analizará la situación y esta abierto al diálogo con Porfirio Lobo para contribuir a restablecer así el orden democrático en Honduras”.

Para cumplir con el ya disuelto “Acuerdo de San José”, por el no cumplimiento de una de las partes (la golpista, claro). En el mes de mayo Porfirio Lobo creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encargada de investigar los hechos relacionados con el Golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya y un plazo de ocho meses para rendir su informe.


Honduras Resiste
Estado de sitio. Muertes. Represión. Censura. Presos políticos. Gobierno de facto. Sistemáticamente estas acciones se repiten en Honduras, donde se vive en dictadura hace ya un año.

Para repudiar el Golpe trabajadores estatales, docentes, estudiantes, militantes del Partido Liberal de Zelaya, y otros sectores se unieron a la columna convocada en Tegucigalpa por el Frente Nacional de Resistencia Popular en la Marcha hacia la casa de Gobierno. La represión de un fuerte dispositivo de seguridad les corto el camino, pero ningún manifestante se detuvo.

Los seguidores de Zelaya no se callaron, y aprovecharon ese espacio también para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se siguen produciendo bajo la actual administración. Reclamaron la vuelta de Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para crear el marco legal que le permita a la soberanía popular reinstaurar la democracia, y quitar del poder a un poderoso grupo que “mantiene secuestrado al gobierno”.

Si hay algo que dejaron en claro fue que “La Resistencia se basa en la construcción del Poder Popular desde la base y en la participación directa de todos los sectores en la construcción de una propuesta política que de respuestas a la grave crisis que se vive en el país”.

Simultáneamente, la Plataforma de derechos humanos de Honduras instauró su propia “Comisión de Verdad”, en respuesta a la creada por Lobo, con investigaciones superficiales y dictámenes oficialistas. Esta organización esta formada por personalidades internacionales como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 


Desde la toma de posesión de Lobo, las organizaciones sociales registraron más de setecientas agresiones por motivos políticos, entre ellas los asesinatos de doce dirigentes populares y nueve periodistas.

“Seremos exigentes en la búsqueda de los hechos, justos en la definición de la verdad, pero implacables en la denuncia de las responsabilidades”, manifestó Bertha oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

Para cerrar el círculo y que no queden vacilaciones de la conspiración que explotó luego del cambio de políticas económicas y sociales que emprendía Manuel Zelaya, él mismo envío una carta al pueblo hondureño, donde responsabilizó directamente a Estados Unidos de planear la dictadura. “Todo indica que el golpe fue planificado en la base militar de Palmerola, por el Comando Sur de Estados Unidos, y ejecutado torpemente por malos hondureños”, informa la carta de Zelaya. También culpa a "algunos prominentes miembros (hondureños) de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) responsables del silencio interno y protección de los asesinos que eliminan gente inocente, dentro del territorio nacional".

No quedan dudas de la dictadura impuesta por Estados Unidos y un grupo hegemónico sobre la República de Honduras. Despierta incertidumbre no poder reestablecer la democracia y la identidad de un pueblo reprimido también por el silencio mundial.

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